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El Movimiento Hacia un Estado Laico (MHUEL) celebra la decisión del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Teruel que avala el derribo de la cruz de Bezas y rechaza el recurso de la ultraderecha

Bezas está en la Sierra de Albarracín y tiene menos de 100 habitantes.

Por norma general en las zonas urbanas siempre hay más ruido que en las zonas menos pobladas. En este Día Internacional contra el ruido, en #BDAragón se han acercado a un pueblo de la provincia de Teruel donde el silencio es protagonista.

“El juez inadmite el recurso presentado contra el acuerdo favorable al derribo de la Cruz de Bezas”, rezaba un titular ayer en este diario. Traducido para que lo entendamos: las dos personas que habían recurrido el derribo no tienen “interés legítimo directo” para oponerse a la decisión de la Asamblea Vecinal del Concejo Abierto del Ayuntamiento de la localidad turolense.

¿Y por qué? El magistrado aplica estrictamente la ley y deja fuera a los dos demandantes. Al primero, un tal José Ignacio R., porque, aunque es natural del municipio ya no vive allí y, según el juez, no se va a “ver afectado” en mayor medida que el resto de ciudadanos de Bezas por el derribo de la cruz. Al segundo, el líder de Vox en Aragón, Alejandro Nolasco, le dice que no puede recurrir por el mero hecho de ser un cargo público. Y le recuerda a su formación política que “un grupo parlamentario no tiene conexión directa con el acto municipal”.

La lógica judicial nos permite adivinar que el siguiente paso será levantar las medidas cautelares que paralizaron el derribo y permitirlo tras un año de polémica. Mientras tanto, el departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón ha reparado el monumento (que se había resquebrajado por la caída de un rayo dejando al descubierto partes metálicas) y nadie sabe qué va a pasar ahora.

Estamos a un año de las elecciones municipales. El Ayuntamiento de Bezas está gobernado actualmente por el PAR, que consiguió 30 votos hace tres años. El PP obtuvo 21 y el PSOE sólo 1. Les añado otro dato: la decisión de derribar la cruz se tomó en una Asamblea Vecinal del Concejo Abierto en la que 33 personas votaron a favor y una se abstuvo. Es decir, que la mayoría es más que sólida. Pero en un año han pasado muchas cosas y la cruz de Bezas va a ser motivo de disputa política durante los próximos meses (si no la derriban antes, claro).

Con el PAR en concurso de acreedores, sus resultados electorales en Bezas pueden resentirse (aunque no excesivamente). Sin embargo, la utilización de todo este asunto por parte de Vox en su campaña electoral abrirá un debate que irá mucho más allá de este caso concreto. Porque, al final, a unos y a otros les interesa que exista una polémica que obligue a posicionarse sobre cuestiones mayores que poco tienen que ver con el caso en concreto de la cruz de Bezas. Porque aquí el tema es mucho más sencillo.

Son los técnicos del Servicio Provincial de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón los que redactaron el informe que recomendaba derribar la cruz de Bezas tras la caída de un rayo en septiembre de 2024. Los técnicos y no los políticos. Y las conclusiones se remiten al Ayuntamiento que, como hemos visto ya, lo somete a votación de los propios vecinos del municipio. No lo decide el alcalde, ni los concejales (que no existen en Bezas). Lo deciden los bezanos.

Es cierto que derribar la cruz es, por así decirlo, la solución fácil. No sé si la labor de los mismos técnicos que redactan el informe también consiste en proponer otras soluciones más allá de la demolición. Se habla de instalar un pararrayos cerca, de trasladar la cruz, de aislarla de alguna manera… Lo cierto es que nadie ha querido buscar una alternativa real al problema, y se ha dedicado más tiempo a cuestionar si hay una persecución contra los símbolos cristianos en nuestro país.

Haré como el magistrado y no entraré a valorar el fondo del asunto (que lo tiene, y mucho). Pero sí les digo que en este tema, los únicos que tienen voz y voto legalmente son los ciudadanos de Bezas y nadie más. Los que quieran salvar la cruz que hagan pedagogía entre los propios bezanos y que planteen una nueva votación en el Concejo Abierto para revertir el resultado de la anterior. El resto es utilizar una decisión (acertada o equivocada) de la mayoría vecinal para montar un debate ideológico que únicamente busca, no se engañen, arañar votos.

La justicia inadmite el recurso del partido ultraderechista, su grupo parlamentario y el diputado Alejandro Nolasco por falta de legitimación: “No existe conexión directa ni interés legítimo suficiente”. El fallo certifica el fracaso judicial de su ofensiva para mantener simbología franquista.

Nuevo revés judicial para la ultraderecha en Aragón. El Tribunal de Instancia de Teruel, cuya resolución puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), ha inadmitido el recurso presentado por Vox, su grupo parlamentario en las Cortes y el diputado Alejandro Nolasco contra el acuerdo vecinal que avalaba el derribo de la cruz franquista de Bezas, en la Sierra de Albarracín.

La sentencia, dictada el 9 de abril, es contundente: no existe legitimación activa por parte de los recurrentes. Es decir, ni el partido ultraderechista, ni su grupo parlamentario ni su principal dirigente en Aragón tienen base jurídica suficiente para impugnar una decisión adoptada democráticamente por el municipio.

El fallo es claro al respecto: no se aprecia “una conexión directa, de una afectación cualificada, o un interés legítimo suficiente” que justifique la acción judicial. Esta ausencia de legitimación provoca que el juzgado ni siquiera entre a valorar el fondo del asunto.

La resolución desmonta uno de los principales argumentos de Vox: el intento de convertir su agenda política en acción judicial. El magistrado recuerda que “la condición de parlamentario no atribuye la representación de la sociedad ni del interés general” en este ámbito, rechazando así la pretensión de Nolasco de actuar como supuesto defensor del patrimonio o de los “valores” que invoca su formación.

Tampoco el partido ni su grupo parlamentario salen mejor parados. La sentencia subraya que no existe “ningún tipo de cercanía o conexión directa” entre la función de un grupo parlamentario y el objeto del recurso, desmontando la estrategia de Vox de judicializar decisiones municipales en clave ideológica.

Respaldo vecinal abrumador a su demolición

El origen del conflicto se remonta al 11 de marzo de 2025, cuando el concejo abierto de Bezas aprobó por mayoría absoluta —33 votos a favor y una abstención— el informe favorable a la demolición de la cruz y su peana, ubicada en el paraje de Peña la Cruz.

Se trata de un elemento levantado en 1939, tras la guerra iniciada por el golpe de Estado fascista contra la Segunda República, y cuya retirada se enmarca en el cumplimiento de las leyes de memoria democrática y retirada de simbología vinculada al régimen franquista. Pese a este respaldo vecinal abrumador, Vox decidió llevar el caso a los tribunales en una ofensiva política y judicial que ahora ha quedado completamente desactivada.

La sentencia no solo inadmite el recurso, sino que impone las costas a la parte demandante, con un límite de 1.000 euros más IVA. Un nuevo varapalo que se suma al fracaso jurídico de su estrategia.

Este no es el primer episodio en torno a la cruz de Bezas. Hace un año, AraInfo ya informaba de cómo su derribo había quedado paralizado de forma cautelar tras una maniobra judicial impulsada por el lobby ultracatólico Abogados Cristianos, que logró frenar temporalmente la actuación con una medida cautelarísima.

Aquel episodio se produjo después de que el Gobierno de Aragón, presidido por Jorge Azcón, ordenara su demolición por “peligro medioambiental”, en un contexto más amplio de debate sobre la presencia de simbología religiosa —y en este caso también vinculada al franquismo— en espacios naturales del país.

La campaña impulsada por MHUEL ya advertía entonces de los riesgos y de la necesidad de retirar estos elementos de las cumbres aragonesas. Sin embargo, la respuesta de la ultraderecha fue recurrir a los tribunales para blindar estos símbolos.

Un año después, la estrategia ultraderechista vuelve a estrellarse. Si entonces se logró una paralización provisional mediante una maniobra cautelar, ahora la justicia corta de raíz el intento de Vox de apropiarse de los tribunales para imponer su agenda ideológica.

El magistrado de la sección Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Teruel, ha inadmitido a trámite el recurso presentado por el diputado de Vox de las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, el grupo de Vox en el Parlamento autonómico, el partido político de Vox y José Ignacio R. M. contra el acuerdo de la Asamblea Vecinal del Concejo Abierto del Ayuntamiento turolense de Bezas alcanzado el pasado 11 de marzo de 2025.

En dicho acuerdo el Concejo Abierto de Bezas aprobó, por mayoría absoluta de 33 votos a favor y una sola abstención, el informe del Servicio Provincial de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón favorable a la demolición de la cruz de hormigón erigida en 1939, y su peana en Peña La Cruz, en el que se indica la existencia de un un problema de seguridad para prevenir la caída de rayos.

Después de considerar las cuestiones alegadas por los demandantes, el magistrado argumenta la falta de legitimación activa de los demandantes basándose en las siguientes razones: Que el demandante, José Ignacio R., «no constaba empadronado en el municipio de Bezas» ni era vecino de la localidad en el momento en que se presentó el recurso y que no consta que se vea «directamente afectado por la cuestión del estado de la cruz en mayor medida que la generalidad de los ciudadanos». Razona que «el mero hecho del nacimiento en la localidad, (con cambio de residencia posterior), es del todo insuficiente para mantener un interés legítimo».

En lo que se refiere al diputado Alejandro Nolasco, afirma el juez que «no consta su carácter de «oriundo» ni tampoco especial arraigo actual con la localidad». Sobre su legitimación activa por su condición de parlamentario, el juez basa su decisión en la numerosa jurisprudencia existente «que rechaza que la condición de parlamentario conlleve, por sí sola y sin ningún elemento añadido, la posibilidad de ejercitar acciones en el ámbito contencioso administrativo». Aprecia el juez que la posición de este demandante es «difusa y que no contiene la conexión directa y suficiente que sería precisa con el acto administrativo objeto de litigio».

Concluye que «la condición de parlamentario no atribuye la representación de la sociedad ni del interés general ni de los bienes jurídicos colectivos en la jurisdicción contencioso administrativa».

Respecto al Grupo Parlamentario de Vox en las Cortes de Aragón entiende el magistrado que «no se aprecia ningún tipo de cercanía o conexión directa entre la función de un grupo parlamentario, primordialmente orientada al ámbito interno del funcionamiento de las Cortes, con la materia objeto del recurso».

Por todo ello expresa en su sentencia que no aprecia en ninguno de los actores «la existencia de una conexión directa, de una afectación cualificada, o un interés legítimo suficiente como para considerar habilitada su posición de legitimación activa para ejercitar la pretensión de nulidad de la concreta resolución municipal recurrida».

En consecuencia, una vez declarada la inadmisibilidad del recurso, el juez no entrar a examinar en concreto los motivos alegados de fondo. En el procedimiento abierto por las demandas contra la demolición de la Cruz de Bezas existe dos piezas separadas de medidas cautelares –la número 1, primera que se abrió– después de que el 26 de marzo de 2025, José Ignacio R. M. a título personal y como único demandante, solicitara al juzgado la adopción de medidas cautelarísimas para evitar la demolición de la cruz, petición que fue resuelta por el juzgado ese mismo día estimando la medida solicitada sin haber escuchado a las partes.

Posteriormente, y una vez el juez recibió las alegaciones de las partes personadas en el proceso, el Ayuntamiento de Bezas se opuso a la medida.

El magistrado tras valorar las argumentaciones realizadas por las partes dicto el 11 de abril de 2025 un auto manteniendo la medida cautelarísima.

La segunda pieza separada de medidas cautelares –la número cuatro– corresponde a las solicitadas por el Grupo Parlamentario de Vox y el diputado Alejandro Nolasco el 24 de abril de 2025. Pidieron medidas cautelares que el juzgado desestimó al entender que ya se había estimado dichas medidas en la demanda interpuesta por José Ignacio R. M.

La sentencia dictada ahora por el magistrado pone el punto final a las dos demandas presentadas por todos los anteriores.