2025

El servicio provincial de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón ha reparado la cruz situada en la Peña de la Cruz de Bezas, ante la imposibilidad de retirarla por las medidas cautelares establecidas por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Teruel. Por ese motivo, se han llevado a cabo “las operaciones necesarias para el establecimiento de las condiciones de seguridad mínimas” con el fin de evitar posibles incidentes por la caída de nuevos rayos, según explicó el director del Servicio Provincial de Medio Ambiente, Emilio Pérez.

El responsable planteó que la alternativa, sustentada en un informe técnico era la demolición por cuestiones de seguridad, y recordó que el impacto de un rayo en la estructura provocó el resquebrajamiento de hasta 35 centímetros de hormigón. Algunos de esos restos impactaron en la espalda de la trabajadora de la torre de control que está situada en Peña de la Cruz, que se encontraba en el exterior de la misma porque así lo marca el protocolo de actuación en caso de tormenta eléctrica.

Emilio Pérez indicó que aunque el planteamiento del servicio provincial de Medio Ambiente era la retirada de la cruz de hormigón, ellos en todo momento dejaron al Ayuntamiento la decisión última y planteó que entre las opciones que se barajaban estaba su traslado a otro lugar si así lo consideraba el consistorio.

Lo que se ha hecho ahora es reconstruir esa parte alta, aislando los dos hierros que sobresalían mediante fibras y colocando sobre ellos encofrado de hormigón. Además, se le va a dar un baño con un barniz aislante para evitar que el hierro actúe como pararrayos. “Nos hemos visto obligados no a reconstruir, pero sí a establecer unas condiciones mínimas de seguridad a la espera de lo que la justicia determine y lo que decida el Ayuntamiento”, concluyó Emilio Pérez.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Teruel ha admitido las medidas cautelares solicitadas por la Fundación Española de Abogados Cristianos para paralizar el derribo de una cruz en Bezas, en la Sierra de Albarracín. La juez justificó esta decisión porque, si la estructura es demolida “será materialmente imposible devolverla a su estado original, incluso en caso de estimación del recurso contencioso-administrativo interpuesto, lesionando el derecho a la tutela judicial efectiva”, según se recoge en el auto